COLUMNA

Universidad ¿Para Todos?

No hace mucho, al dirigirse a una audiencia joven, Andrés Manuel López Obrador, candidato de la izquierda a la presidencia, prometió educación universitaria gratuita a todos en edad de cursarla. No más exámenes de admisión, dijo, porque éstos no son otra cosa que recursos de exclusión. Todos los jóvenes tienen derecho a la educación, afirmó, y el Estado tiene la obligación de proporcionárselas. Así expresado, el interés del candidato de la izquierda por comprometerse con un buen porcentaje de jóvenes que ven frustradas año tras año sus aspiraciones universitarias es irrebatible. Efectivamente, todos tenemos derecho a la educación y su adquisición es uno de los factores que suscita desarrollo. No obstante, la propuesta tiene sus bemoles.

En los últimos años, las universidades públicas del país han expandido su infraestructura y mejorado la que ya tenían; algunas de ellas, también, se han preocupado por expandir sus plantas docentes y de investigación; los nuevos miembros de las comunidades universitarias poseen credenciales que auguran mejor formación para los universitarios actuales y futuros. Si el interés en el desarrollo institucional y la derrama de recursos se mantienen, es previsible que en unos años la educación pública superior del país eleve sus niveles académicos de manera significativa. Pero es necesario tener en cuenta que para que México sea un país menos desigual y menos injusto es necesario que la educación superior sea de alta calidad. La propuesta de Andrés Manuel puede ser justa en tanto atiende y satisface la necesidad de estudios de la población. Pero podría resultar injusta porque terminaría por deteriorar el nivel de la educación.

Eliminar los procesos de selección en las universidades significaría, por un lado, incrementar la población estudiantil de manera significativa. Aún cuando es difícil conseguir datos fidedignos sobre la no-aceptación en universidades públicas, no es muy temerario afirmar que cada año cerca del 30% de los aspirantes no consigue ingreso. El porcentaje representa un número nada despreciable. Si, como lo desea el candidato de la izquierda y se concreta en caso de que él gane las elecciones, todos esos jóvenes ven coronados sus anhelos, la estructura de la educación superior se verá seriamente sacudida y afectada.

Estudiosos de la educación en México, tales como Ángel Díaz Barriga, Jorge Bartolucci y Jorge Padua, entre otros, han hecho ver que la flexibilización de los mecanismos de ingreso a las instituciones educativas no contribuye a alcanzar la pretendida igualdad de oportunidades sino que, por el contrario, deteriora los niveles educativos y termina por reproducir la desigualdad y la injustica. Respuestas políticas y administrativas a la desigualdad educativa no concretan en las soluciones requeridas; antes bien, tornan más complejos los problemas.

En el corto plazo, el incremento en la población estudiantil no podría ser absorbido sino ampliando los cupos de los grupos. Hoy, a pesar de que las universidades hacen esfuerzos sinceros por desarrollar modelos educativos más activos y personalizados, las aulas de las universidades públicas parecen más auditorios que centros de auto-creación de conocimiento. No es difícil encontrar más de 50 estudiantes por grupo. Una política de ingreso indiscriminado implicaría elevar el número de estudiantes. No importa, ya, si se registrarían 60 o 70 en un grupo; los números actuales son exagerados, antipedagógicos. Es obvio, la capacidad de atención del profesorado se diluiría mucho más de lo que ya se ha diluido; la capacidad de aprendizaje se deterioraría. Estos hechos tendrían otras consecuencias, menos visibles desde la perspectiva de los datos duros y la macro estructura de las universidades pero igualmente relevantes para la educación universitaria y su relevancia social. El desempeño y el aprovechamiento de los estudiantes tenderían a la baja, al igual que la productividad y la satisfacción laboral de los docentes e investigadores.

En el mediano y largo plazo, la política de ingreso abierto repercutiría negativamente en las finanzas y la administración de las instituciones. No podrían mantenerse por mucho tiempo grupos tan numerosos. Habría, entonces, que invertir en infraestructura. Hablar de incrementos presupuestales en estos tiempos parece un contrasentido. Pero habría que hacerlo. El gobierno federal tendría que invertir nuevas grandes sumas en las universidades para ampliar sus capacidades de captación y atención a estudiantes. Implicaría, por supuesto, la creación de un número importante de nuevas plazas para profesores. Es poco probable que eso pueda ocurrir. A falta de recursos, las instituciones habrán de ajustar sus partidas presupuestarias. Ni hablar que todos perderían y todos estarían inconformes. El asunto es complicado.

Además, las necesidades educativas del país y la desigualdad en la materia no pueden abordarse de manera aislada, con el foco en la educación pública, únicamente. Para bien y para mal, la educación superior privada en México ha crecido en los últimos años y la dinámica entre las dos esferas (la pública y la privada) ha contribuido a profundizar la segregación social y a cultura clasista del país. A diferencia de la educación pública, la privada se ha vuelto sofisticada y exclusiva; independientemente de que la superioridad de su calidad sea discutible, es un hecho la universidad privada se ha convertido en una institución que favorece la movilidad social, por dos razones. Una, en ella los estudiantes crean redes sociales que se convierten en capital político y social: sus miembros acceden más fácilmente a la cima social que quienes integran las redes sociales construidas en las universidades públicas. Dos, prejuiciosamente, las clases sociales altas creen que los egresados de las universidades privadas cuentan con más habilidades y recursos para desempeñarse exitosamente en el campo profesional. Desactivar esos prejuicios no es fácil. Más sencillo será reafirmarlos. Una política de ingreso libre permitirá profundizar la percepción sesgada de desprestigio de la universidad pública.

Ciertamente, México necesita que sus jóvenes se eduquen y se eduquen bien. Pero es erróneo enfocar el problema educativo únicamente desde la perspectiva de la cobertura. Ampliar la cantidad no significa, necesariamente, resolver el problema de la desigualdad de oportunidades. A la larga, terminará por hacerla más profunda.

Lo que México requiere es una educación de calidad. Así de fácil. Así de complejo.

Tal vez en seis años estaremos clamando que habría sido mejor que se hubiera cumplido la profecía maya fatal.

jocasa56@gmail.com y Twitter: @jacalless

asl